Una delegación de compositores y autores musicales europeos, acompañados por sus entidades de gestión colectiva, se ha reunido este lunes con responsables políticos de la Unión Europea para analizar el creciente impacto de las prácticas contractuales conocidas como buy-out, que afectan de forma significativa a los creadores del ámbito audiovisual.
El encuentro tuvo lugar en el Parlamento Europeo de Bruselas y fue impulsado por la eurodiputada española Leire Pajín (S&D). La jornada estuvo organizada conjuntamente por la Alianza Europea de Compositores y Autores (ECSA) y el Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC). Durante el foro, los creadores expusieron sus experiencias y reclamaron la adopción de medidas a escala europea para frenar estas prácticas contractuales que consideran perjudiciales.
Las cláusulas de buy-out obligan a los autores a transferir, total o parcialmente, sus derechos a cambio de un pago único inicial que, en muchos casos, resulta reducido. Este modelo supone la pérdida del control sobre las obras y elimina la posibilidad de percibir ingresos por su explotación futura. Estas prácticas suelen estar vinculadas a grandes operadores internacionales, especialmente plataformas de vídeo bajo demanda con sede en Estados Unidos, que operan en Europa al margen de algunos principios recogidos en la normativa comunitaria, como el de garantizar una remuneración justa y proporcional.
Durante la reunión, Leire Pajín destacó el compromiso del Parlamento Europeo con la protección de los creadores. Según explicó, la institución ha trabajado activamente para abordar este problema, y recordó que la Comisión Europea ha reafirmado la relevancia de los principios establecidos en la Directiva de Derechos de Autor, entre ellos el de la remuneración adecuada. La eurodiputada subrayó la necesidad de avanzar hacia acuerdos firmes que impidan que las normas europeas se eludan mediante el uso de legislaciones extranjeras.
A pesar de las iniciativas promovidas por ECSA y GESAC, estas cláusulas siguen siendo frecuentes en los contratos y continúan teniendo un impacto negativo en la estabilidad económica de los compositores. La presidenta de ECSA, Helienne Lindvall, alertó de la magnitud del problema y señaló que la creciente concentración del mercado en manos de grandes plataformas de streaming supone un obstáculo para garantizar una compensación justa para los creadores. Asimismo, insistió en la importancia de que los artículos 18 a 23 de la Directiva de Derechos de Autor de 2019 se apliquen plenamente y no puedan ser sorteados por los principales actores del sector.
El encuentro también sirvió para remarcar la necesidad de reforzar la protección de la cultura europea. En este sentido, el presidente de GESAC, David El Sayegh, defendió que poner fin a los abusos derivados de los contratos de buy-out y asegurar una remuneración equitativa constituye una prioridad para Europa. Además, destacó el papel fundamental de las entidades de gestión colectiva en la defensa de los derechos de los creadores.
Desde la perspectiva de los autores, las consecuencias de estos acuerdos son especialmente preocupantes. El compositor cinematográfico y vicepresidente de ECSA, Jesper Hansen, explicó que resulta imposible prever el éxito de una obra en el momento de su creación, por lo que los derechos derivados de su explotación representan una fuente esencial de ingresos. Hansen subrayó que muchos compositores carecen de la capacidad negociadora necesaria para rechazar estas cláusulas, ya que temen quedar fuera de futuras oportunidades profesionales.
Por su parte, el compositor español Roque Baños, miembro de SGAE, destacó que estos contratos implican una importante pérdida de control artístico y económico. Según señaló, el autor puede verse obligado a ceder los derechos de su obra por un precio fijo, lo que permite su utilización en producciones futuras sin compensación adicional e incluso puede suponer la renuncia a determinados derechos morales.
Los asistentes coincidieron en la urgencia de que la Unión Europea impulse medidas legislativas contundentes que garanticen la aplicación de la normativa comunitaria a todos los agentes del mercado, incluidas las grandes plataformas digitales internacionales, con el objetivo de asegurar un modelo sostenible para los creadores europeos en el entorno digital.
